LA SOBERANÍA SUSPENDIDA
Ensayo crítico sobre la descomposición institucional, la geopolítica transaccional y el futuro republicano de Venezuela
Obertura: un testimonio antes del análisis
No escribo estas líneas desde la fría abstracción de la teoría política. Crecí en Catia, en las entrañas del 23 de Enero, en el seno de una familia que se forjó a pulso y sin atajos —hoy mis hermanos son médicos e ingenieros—. En esa casa aprendí valores, desde muy niño, y comenzando la adolescencia una máxima que jamás me ha abandonado: haz el bien sin mirar a quién; quien no vive para servir, no sirve para vivir.
Mi adolescencia transcurrió al compás de la alternancia entre Acción Democrática y COPEI —blancos y verdes, como solíamos llamarlos en la calle—. Por aquel entonces, yo no alcanzaba a descifrar las sutilezas doctrinarias de cada bando; lo que sí entendía era que existía debate público, que los precios subían, que la gente salía a reclamar y que las instituciones respondían. Viví el eco tardío de la bonanza petrolera, la llamada «Venezuela saudita», y una corriente migratoria generosa que comenzo a hacer presencia en las calles, las ciudades, las aulas y en los empleos a mis primeros compañeros colombianos, italianos, portugueses, españoles, árabes, haitianos, chilenos, peruanos, ecuatorianos y cubanos. Aquel era un país que abría los brazos y recibía; no un país que expulsaba a sus hijos.
Sin embargo, hacia finales de los años ochenta, el suelo comenzó a agrietarse. Escuché por primera vez términos que sonaban a sentencia: deuda interna, deuda externa, FMI. Y entonces, el 27 de febrero de 1989, me sorprendió el Caracazo. Aquel estallido —que prendió su mecha en Guarenas por el aumento de un pasaje a un solo bolívar— me obligó esa noche a cruzar una ciudad sumida en el caos, esquivando turbas, piquetes policiales y una niebla espesa de gases lacrimógenos para poder llegar a casa. En esa travesía vi cómo destrozaban el parabrisas del primer carro que había logrado comprar con mi trabajo —el mismo que movía los fines de semana en el estacionamiento mientras aprendía a manejar— para luego arrastrarlo a mitad de la calle y prenderle fuego. Entendía, incluso en medio del pánico, que un pueblo asfixiado tiene derecho a la protesta cívica; pero lo que presencié esa noche era otra cosa: era la fractura violenta de una sociedad que, hasta ese instante, se creía en paz.
Apenas tres años después presencié el intento de golpe militar contra Carlos Andrés Pérez y, poco tiempo más tarde, vi cómo el Congreso de la República lo enjuiciaba por la vía institucional. Mi postura fue invariable: siempre he estado en contra de quienes pretenden asaltar el poder por la fuerza de las armas. Aunque coincidiera en que el país urgía de transformaciones profundas, el atajo militar jamás debió ser el camino. De las dos intentonas de 1992, la comandada por Hugo Chávez Frías fue, irónicamente, la única que fracasó en su objetivo operativo de tomar Caracas, a pesar de que en el interior del país otros mandos sí habían consolidado sus posiciones. Cuando Rafael Caldera, en su segundo mandato, decidió indultar a aquel oficial insurrecto, la lógica republicana sufrió una herida invisible que, con los años, terminaría desangrando al Estado.
Recuerdo con nitidez un programa del periodista Óscar Yanes. Noté entonces cómo Chávez se transformaba en el megáfono del descontento popular: era la voz que se atrevía a pronunciar en televisión lo que la mayoría murmuraba en privado. Pero me asaltó de inmediato una duda que jamás me abandonó: ¿decir lo que la gente quiere oír te convierte en un líder de Estado? No. Llegué a compilar un dosier personal donde contrastaba sus entrevistas y sus promesas —como reducir veintisiete ministerios a nueve y extirpar la burocracia— frente a las verdaderas necesidades de una nación desencantada. Ganó por mayoría indiscutible: en mi propia familia, de seis votos posibles, tres fueron para él.
Lo que sobrevino después no fue la reducción del Estado, sino su hipertrofia autoritaria bajo una nueva careta. Vi cómo el discurso oficial inoculó el odio, el rencor y la sospecha dentro de los hogares —el mío no fue la excepción—, al punto de que disentir de la figura presidencial se convirtió en una ofensa casi filial. Vi desplegarse, sin prisa pero sin pausa, la tutela ideológica de los hermanos Castro y la llegada de un megaboom petrolero sin precedentes, donde el barril escaló de once a más de ciento cincuenta dólares. Aquella riqueza monumental no se tradujo en hospitales de vanguardia, industrias soberanas ni educación de excelencia; financió el despilfarro, la corrupción a escala industrial y el surgimiento de una «boliburguesía» insaciable. El patrimonio y el esfuerzo de toda una vida podían evaporarse de la noche a la mañana por el capricho de un jerarca, todo bajo el manto de un falso nacionalismo popular que demolía, ladrillo a ladrillo, el edificio republicano.
«No relato esto para reclamar una supuesta superioridad moral sobre quien no transitó por estos desengaños, sino para fijar con claridad la postura de este análisis: no escribo desde las trincheras de ningún partido. Escribo desde la convicción irreductible —forjada en la experiencia viva y no en el dogma— de que la alternancia democrática es indispensable, de que ningún cambio legítimo se impone a punta de bayonetas y de que ninguna bandera, sea de izquierda o de derecha, local o extranjera, tiene la potestad de suplantar la soberanía del pueblo venezolano. Ese, y no otro, es el partido de este ensayo.»
Prólogo: la mirada de la diáspora y la convicción republicana
Analizar la tragedia venezolana desde la distancia del exilio y la dispersión global exige un compromiso riguroso: despojarse de la consigna fácil y mirar los hechos con distancia analítica y solvencia constitucional. Solo así es posible comprender cómo una de las democracias más sólidas de América Latina terminó convertida, primero, en un feudo de opacidad interna y, más tarde, en un territorio sujeto a la tutela transaccional de potencias externas.
Este trabajo rehúye de la diatriba panfletaria. Su propósito es mucho más exigente: reconstruir la cadena histórica, jurídica y geopolítica que vació de contenido a la República, contrastando esa realidad con el derecho positivo y con los principios universales de soberanía que hoy suelen proclamarse en los discursos, mientras en las mesas de negociación se transan como si fuesen simples títulos de valor.
Capítulo I: el origen de la quiebra institucional — de la amnistía de 1994 a la cooptación totalitaria
Toda debacle histórica posee un punto de inflexión, y en el caso venezolano este puede fecharse con precisión quirúrgica: el sobreseimiento e indulto presidencial que el doctor Rafael Caldera concedió, en 1994, a los militares alzados en 1992. Presentada entonces como un gesto noble de reconciliación nacional, aquella decisión dinamitó en silencio el principio rector de la República: la certeza del castigo frente a la rebelión armada. Al legitimar la vía de la fuerza, se le abrió la puerta democrática a un proyecto que, a partir de 1999, refundó el Estado sobre cuatro pilares de dominación social metódicamente articulados:
- El monopolio del sustento: Mediante la asfixia deliberada del aparato productivo privado, el Estado se erigió en el único dispensador de la subsistencia ciudadana. A través de programas de racionamiento condicionado —como los comités CLAP—, la población fue despojada de su autonomía material, quedando subordinada a la fidelidad política para poder comer.
- El panóptico social y la delación comunitaria: Siguiendo el libreto de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, se tejieron redes de vigilancia vecinal bajo la figura de las «jefaturas de calle». Su cometido real jamás fue la gestión vecinal, sino el espionaje cotidiano y la delación temprana de cualquier vestigio de inconformidad cívica.
- La tercerización de la violencia estatal: Bajo el engañoso rótulo de las «Zonas de Paz», los cuerpos de seguridad cedieron el control físico de amplias barriadas y regiones a bandas criminales y estructuras penitenciarias, a cambio de mantener a raya los índices de homicidio visible. Paralelamente, los grupos de choque paramilitares —los llamados «colectivos»— asumieron las tareas de represión callejera, garantizándole al poder un cómodo margen de negación de responsabilidad ante la justicia internacional.
- La desnaturalización castrense: La tradición institucional, meritocrática y apolítica de la Fuerza Armada Nacional fue desmontada de raíz. Al entregarle a los altos mandos el control de las aduanas, la minería, los puertos y la renta petrolera, la lealtad militar dejó de responder a la Constitución y pasó a depender del acceso directo a los negocios del Estado.
| ARQUITECTURA DE DOMINACIÓN (1999–Actualidad) | |||
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1. Monopolio del Sustento
• Asfixia del sector privado. • Control social vía racionamiento (CLAP). |
2. Panóptico Social
• Jefaturas de calle y comunas. • Vigilancia y delación ideológica temprana. |
3. Violencia Tercerizada
• Colectivos de choque paramilitares. • Zonas de Paz y cogobierno criminal. |
4. Cooptación Castrense
• Manejo militar de rentas y aduanas. • Purgas y subordinación partidista. |
Capítulo II: la transición en la sombra — el vacío constitucional de diciembre de 2012 a marzo de 2013
El lapso que corrió entre la última aparición pública de Hugo Chávez, el 8 de diciembre de 2012, y el anuncio oficial de su fallecimiento, el 5 de marzo de 2013, constituyó una de las operaciones de ocultamiento político y maniobra jurídica más elaboradas del continente. Coordinada directamente desde La Habana por Fidel y Raúl Castro, la estrategia buscaba asegurar la sucesión del poder sin provocar fracturas en el aparato gobernante y eludiendo las consecuencias que la Constitución de 1999 contemplaba expresamente para ese escenario.
| EL QUIEBRE CONSTITUCIONAL DE ENERO DE 2013 | |
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EL MANDATO EXPRESO DE LA LEY (Arts. 231 y 233 CRBV)
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EL ARTIFICIO DEL TSJ (Sentencia del 09/01/2013)
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Para cerrar el paso a Diosdado Cabello —figura del ala militar que miraba con recelo la subordinación a la inteligencia cubana—, el bloque civil articuló tres mecanismos sucesorios:




